En el periódico El Vocero del día de hoy (15 de febrero de 2008) el gobernador Anibal Acevedo Vilá culpó a los economistas de ser los responsables de imponer el IVU, cuando declaro lo siguiente “Todos esos economistas y todos esos grupos los que llevaron al país a adoptar el IVU bajo una teorías que no se dieron en la práctica”. Al leer este comentario infundado tuve que reaccionar de inmediato. Le recuerdo al gobernador que la razón que se dió para imponer el IVU era para aliviar la crisis en el presupuesto del gobierno. Ante la falta de fondos para pagarle los salarios a los empleados del sector público, el gobernador obligó a la legislatura a aprobar un IVU del 7%, aun cuando la legislatura deseaba aprobar y creyó aprobar un IVU del 5.5%.
En cualquier texto de Macroeconomía se señala los efectos negativos de la imposición de un impuesto. Los impuestos disminuyen el ingreso disponible de los consumidores, por lo que provoca una disminución en la demanda agregada, Por lo tanto, la imposición de impuestos tiende a provocar una recesión. Si además añadimos la gran cantidad de cierres de fábricas, es claro que hubo un doble ataque a los ingresos de miles de trabajadores. Bajo este escenario es claro la pérdida de confianza de los consumidores.
El Gobierno debió haber tomado medidas para reducir el gasto del gobierno, bajar la contribución sobre ingresos de forma agresiva y reducir la excesiva reglamentación gubernamental que impide el desarrollo económico. Sr. Gobernador, no es culpa de los economistas que su administración no haya tomado las medidas apropiadas para mejorar nuestra economía. La receta para aliviar nuestra economía es sencilla:
- Reducir el gasto del gobierno. Eliminar la excesiva burocracia que impera en varias agencias del gobierno, particularmente el Departamento de Educación.
- Reducir las tasas contributivas sobre el ingreso de los trabajadores. Los asalariados están llevando una carga excesiva para mantener ese elefante blanco que se llama “Gobierno de Puerto Rico”
- Reducir el tiempo que requiere una empresa obtener respuestas de las solicitudes de permisos para proyectos de inversión privada. La economía esta en una recesión, mientras que las agencias reguladoras (ARPE, Junta de Planificación, Junta de Calidad Ambiental, etc.) se toman su santa calma en analizar las solicitudes de permisos. Esta tardanza congela el gasto de inversión privada y la creación de empleos en el sector privado.
- Limitar la actividad de protesta de grupos “ambientalistas” que perjudican la imagen y estabilidad económica del país. Existen procesos legales para protestar y hacer llegar su oposición a las acciones tomadas por diversas corporaciones. La desobediencia civil tiene un alto costo, por la externalidad que genera al perjudicar la imagen que se proyecta en el resto del mundo. Estas acciones reducen la inversión externa tan necesaria en un país donde no abunda el capital.